• La explotación
intensiva para lograr una mayor rentabilidad de los yacimientos disponibles,
implica el deterioro de los ecosistemas, y afecta los derechos fundamentales de
diversas comunidades en el país, coincidieron expertos y académicos en la UNAM
La
industria minera en el planeta alcanzó un nivel de explotación histórica
mundial, con repercusiones ambientales, legales y generación de conflictos
comunitarios en México, coincidieron académicos y expertos en el Seminario Megaproyectos mineros,
devastación ambiental y derechos humanos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Este
fenómeno se ubica en un contexto de crisis mundial multidimensional. La demanda
de metales en el orbe avanzó de 100 millones de toneladas en 1900, a tres mil
500 millones de toneladas en la actualidad.
En
los últimos años se han agotado las vetas de rocas mineralizadas, y las que se
extraen tienen una proporción muy baja de metales como aluminio, cobre, hierro
y oro. Por ello, las tecnologías de extracción se han transformado para lograr
una rentabilidad más alta de yacimientos de "baja ley".
Al
respecto, Andrés Barreda, de la Facultad de Economía (FE), sostuvo que el pico
minero coincide con el agotamiento de los recursos petroleros en el mundo,
extinción de la biodiversidad, declive de las reservas de agua dulce,
incremento de la acidez en los océanos, aumento de la luminosidad nocturna, y
cambio climático global.
Esto
explica que el mundo viva una "fiebre del oro" por la escasez mundial
del metal, único valor seguro de reserva para respaldar las monedas nacionales
ante un escenario de depreciación global. En 2007, la onza de 31 gramos se
cotizaba en mil dólares, para superar los mil 900, en 2011. “Esta
característica lo convierte en un recurso natural estratégico extraordinario”,
subrayó.
En
el auditorio Héctor
Fix-Zamudio del IIJ, Marycarmen Color, de la
oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, subrayó que en el tema de los megaproyectos mineros, diversas
instancias internacionales están preocupadas por la libre determinación de los
pueblos y comunidades indígenas, en las esferas politica, social y económica,
como puede constatarse en el último informe del relator especial para los
derechos de estas poblaciones.
El
objetivo y fin de las medidas requeridas en nombre de sus integrantes es
preservar su modo de vida tradicional y garantizar que su identidad cultural,
estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones serán
respetados y protegidos por los estados, enfatizó.
Arturo
Burnes, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sostuvo que a partir del siglo
XX, la minería en la entidad implica desnacionalización, descapitalización y
deterioro ambiental. En Mazapil, municipio catalogado como uno de los más
pobres del país, se localiza la mina Peñasquito, filial de Goldcorp, primera
empresa productora de oro en México, y la segunda de América Latina, expuso.
Al
año, utiliza 13 millones de metros cúbicos de agua, en una cuenca con capacidad
de recarga de 10 millones. La explotación a cielo abierto genera diariamente
130 mil toneladas de desecho. Esto es ejemplo del deterioro ambiental y del
despojo a las comunidades, dueñas originales del recurso, aseguró
En
su oportunidad, Sergio Serrano, del movimiento anti-megamineria tóxica Pro San
Luis Ecológico, recordó que existen concesiones para explotación minera en casi
el 40 por ciento del territorio nacional, 800 proyectos autorizados, lo que
representa un escenario de conflicto.
En
la entidad, ejemplificó, están concesionadas 400 hectáreas a las empresas que
se dedican a esta actividad, con ampliaciones para otras cuatro mil en los
próximos años, lo que representará la extinción de la biodiversidad. En 15 ó 20
años, esto significará que grandes extensiones de tierra en el país no serán
útiles para otros fines, consideró.
Jorge
Peláez, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), sostuvo que
esos proyectos generan presión sobre los territorios y una política de fomento
a la inversión privada, lo que lleva al saqueo de la riqueza nacional,
devastación ambiental, y a que las opiniones de ciudadanos, pueblos y
comunidades no sean tomadas en cuenta.
Entre
2001 y 2010 se extrajo el doble de la cantidad de oro y la mitad de plata, de
la producida en 300 años de explotación colonial en el país. El modelo de
desarrollo actual excluye a las poblaciones de los dividendos generados,
reciben una mínima parte de las ganancias y toda la contaminación y deterioro
de su entorno, sin participar en las decisiones.
Por
último, José Luis Abarca, del movimiento anti-megamineria tóxica
Rema-Chicomuselo, Chiapas, informó que, del 2000 al 2010, se otorgaron 112
concesiones mineras en la región. Del total, 19 por ciento pertenecen a un
consorcio canadiense.
Está
dedicado a la extracción de barita, titanio y hierro, y se localiza en el ejido
Grecia, del municipio referido, desde 2006. Desde su establecimiento no ha
cumplido con el compromiso de generar desarrollo económico, social y
sustentable, lo que ha derivado en conflictos comunitarios y deterioro del
tejido social.
Fuente: DGCS-UNAM
