Una inversión del 0.16 % del producto interno bruto (PIB) mundial permitiría reducir en cuatro años casi a la mitad la cantidad de personas sin acceso a agua potable y saneamiento.
En la próxima Cumbre de la Tierra Río+20 –llamada oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable–, que se realizará del 4 al 6 de junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, la seguridad hídrica y el desarrollo de una economía verde serán temas clave que deberá abordar Latinoamérica.
Helena Caballero, asesora de ONU-Agua, manifestó que, si se quieren lograr avances significativos en los compromisos de los Gobiernos en relación con la conservación de los recursos hídricos, “es fundamental dar argumentos económicos a favor del valor de la ecología”, y no solo apelar al discurso de la responsabilidad moral.
La representante resaltó que, ante la realidad de que 884 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable, temas como seguridad hídrica y derecho humano al agua se vuelven impostergables.
Según estimaciones del citado organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una inversión del 0.16 % del producto interno bruto (PIB) mundial permitiría reducir en cuatro años casi a la mitad la cantidad de personas sin acceso a agua potable y sa-neamiento.
“Si no se hace nada, en 20 años la demanda de agua será 40 % mayor a la oferta. El mayor riesgo es mantenernos como hasta ahora. Por eso Río+20 será una oportunidad para tomar un nuevo rumbo”, expuso la especialista.
Andrea Salinas, oficial de Programa de Alerta Temprana y Evaluación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), explicó que Latinoamérica es la zona más rica en agua per cápita del planeta, con una capacidad de 7,231 metros cúbicos por persona por año, y que pese a ello hay zonas de gran estrés hídrico.
Entre las áreas donde el abastecimiento de agua podría ser crítico en un futuro cercano destacan el valle central de Chile, el sur de Argentina, las costas de Perú y Ecuador, el altiplano boliviano, los valles de Colombia, el noreste brasileño, el norte de México y la costa pacífica de Centro América.
El reto
En Río+20 es urgente llegar a acuerdos para establecer cargos por el uso del agua y por la contaminación generada, así como la aplicación de instrumentos financieros para mejorar el pago por servicios ambientales.
El costo
Mara Murillo, directora adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) para Latinoamérica y el Caribe, expuso que las pérdidas económicas por la destrucción de la biodiversidad y los ecosistemas se ubican entre los US$2.4 y 4.5 trillones por año.
Lo que falta
Es necesario que los organismos internacionales y las organizaciones ambientalistas hablen a los Gobiernos en un lenguaje económico que les haga ver las ventajas financieras de la economía verde, opinó Jaime Severino, ingeniero ambiental y consultor del Pnuma, quien aseguró que “invertir en recursos naturales generará más ganancias a mediano y largo plazo, y esa es la clave de la economía verde”.
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